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Al hacer una revisión del ejercicio del gasto público durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto (2018), la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó presuntos daños al erario por 544.8 mil millones de pesos, recursos en proceso de aclaración, justificación o recuperación.

Así lo informó la titular de la dependencia, Irma Erendira Saldoval Ballesteros, durante la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se celebró ayer.

Esta millonaria cantidad derivó tras la aplicación de más de 2 mil 500 auditorías que permitieron más de 10 mil 600 observaciones. El monto ejercido con presuntas irregularidades es superior a lo que se destina a educación y salud juntas, los dos sectores con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

Durante la sesión, que se realizó por primera ocasión vía virtual debido a la pandemia de Covid-19, Sandoval Ballesteros presentó, junto con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, el informe del Sistema Nacional de Fiscalización, que fue aprobado por el pleno.

La funcionaria detalló que producto de las irregularidades detectadas en el ejercicio de 2018, se han iniciado 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

Indicó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la fiscalización es relevante para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Por su parte, Colmenares Páramo refirió que pese a los esfuerzos de armonización de las leyes de fiscalización y auditoría en los estados, persisten diferencias en los marcos legales, en específico en lo referente a los universos fiscalizables, los periodos de entrega y en las acciones y observaciones.

Los miembros del Comité Coordinador del SNA presentes (también estuvieron Loreta Ortiz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura Federal; Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la presidenta del Comité Coordinador, Rosa María Cruz) aprobaron el quinto informe de seguimiento a la recomendación no vinculante dirigida a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, relacionada con la selección de jueces y magistrados.

Al respecto de esto, Sandoval Ballesteros precisó que el informe pone de manifiesto una área de oportunidad para profundizar en el análisis del impacto de las recomendaciones del Comité Coordinador, a fin de lograr una coordinación verdadera del sistema nacional.

Ortiz Ahlf, por su parte, externó que se debería analizar si se propone una reforma normativa para hacer obligatoria la entrega de la información solicitada por el Comité Coordinador.

También fueron avalados el primer y segundo informes de avances en el proceso de elaboración de políticas estatales anticorrupción. La titular de la SFP destacó la importancia de avanzar en los trabajos relativos al desarrollo de los programas de implementación de las políticas nacional y estatales, y llamó para que los estados se sumen a dicha labor, a fin de consolidar los trabajos del SNA al definir acciones específicas de implementación de las mismas.

Sobre este punto, los asistentes a la tercera sesión ordinaria reconocieron el trabajo que realiza la Secretaría Ejecutiva del SNA para dar seguimiento e informar en torno a los avances de las políticas estatales anticorrupción y la coordinación que realizan al interior del mismo.

La Jornada

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